Todos los que tenemos la fortuna de llamarnos mexicanos y de vivir en este gran país, vivimos una realidad un tanto surreal. México es tan maravilloso como terrible, nos muestra a cada momento, matices de sus múltiples realidades que van de lo sublime a lo ridículo, pero hay algo que todos compartimos: Vivir en México es vivir en un país machista.
¿De dónde viene el machismo en México? Pues gran parte del machismo nacional proviene de la herencia cultural inculcada por fuerza y violencia en nuestro país por la España colonizadora y por la Iglesia Católica, que dicta la moral misógina instalada desde su origen. El vasto adoctrinamiento católico en la población mexicana ha resultado en un país en donde hasta 2010 más del 80% de personas mexicanas se identificaban como católicas, siendo entonces, la moral católica, la cultura dominante en cualquier tema referente a la vida privada o pública.
Las políticas públicas en cualquier nación se diseñan e instrumentan con la finalidad de atender las necesidades de la sociedad, la política pública da garras y dientes a la ley para que ésta sea hecha valer. «Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.» (Franco, 2013).
Un problema es que la política pública tiende a ser diseñada bajo las normas culturales de lo que la sociedad considera medios aceptables para atender asuntos públicos, y cuando la cultura de una sociedad es machista y arrastra un lastre de creencias conservadoras machistas católicas, las políticas públicas serán un fiel reflejo de esa cultura. Es así que en México tenemos cientos de políticas públicas diseñadas sin evidencias de lo que representa un mayor beneficio para la población, sin mayor respaldo que el espaldarazo de un sector de la población impulsor de una moral religiosa, conservadora y sin duda, machista.
Las mujeres han tenido que luchar en contra de designaciones sociales y de Estado, en forma de políticas públicas que restringen, limitan, violan o anulan derechos de los que sus contrapartes masculinas gozan desde la constitución del Estado mexicano. Tuvieron que luchar para ganar su derecho de prepararse en el área profesional de su elección, tuvieron que luchar para ganar su derecho a ser reconocidas como ciudadanas en plenitud y tener voz y voto en la elección de representantes legislativos en el sistema democrático republicano, y así hasta la fecha. Hoy se mantiene esta lucha por sus derechos en distintos frentes. Luchan contra leyes y políticas públicas que no les permiten decidir sobre su salud sexual y reproductiva, contra las que no garantizan su libre tránsito por el país sin sufrir de violencia física y sexual, entre otras. Aún en los casos en que existe legislación dirigida a proteger y garantizar sus derechos, las políticas públicas que se diseñan para atender a estos ordenamientos son, cuando menos, deficientes.
Las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ también han tenido que luchar de forma constante para poder garantizar sus derechos, la sociedad machista les ha negado hasta hace poco y aún en muchos lugares, el derecho de convivir con quien deseen y de hacerlo mediante un contrato legal, la posibilidad de la adopción, se violentan constantemente sus derechos laborales, etc. Su lucha por cambios legales que al igual que las mujeres, garanticen sus derechos, y por la instrumentación de estas leyes en políticas públicas que faciliten el cumplimiento de las leyes, es una constante hoy en nuestro país.
Hay algo sumamente importante que todos nuestros legisladores y hacedores de políticas públicas deben tener en cuenta al momento de llevar a cabo su labor: Es su obligación siempre tomar las decisiones que representen un mayor beneficio para la población y que cumplan con garantizar y salvaguardar los derechos de todas las personas. Es por esto que en su labor no hay cabida para la moral machista tradicional mexicana y católica. Quienes tienen estas labores, no tienen el privilegio de poder hacer su trabajo con base en sus propias creencias y perspectivas, es su obligación legislar y hacer políticas públicas para todas las personas de acuerdo con todas las situaciones de la vida pública del país. Es decir, no importa si personalmente están a favor o en contra del matrimonio igualitario, o del aborto legal, o de cualquier tema que pueda ser valorado bajo su moral individual o la moral colectiva en turno, importa que con evidencia en mano sobre el tema en cuestión (o con evidencia de contextos similares sobre el mismo tema en ausencia de evidencia del contexto nacional), se tomen decisiones que potencialmente deban resultar en un mayor beneficio poblacional, y que garanticen los derechos enmarcados en los tratados nacionales e internacionales a los que México se encuentra suscrito.
Nuestras leyes, y las políticas públicas que el gobierno instrumenta para atender a la sociedad y para realizar programas públicos, no pueden estar enmarcadas en la moral machista conservadora de la tradición católica mexicana que nos impuso la corona española, tienen que estar enmarcadas en la ley, en la evidencia basada en datos duros, en el respeto por los derechos humanos. No podemos esperar que el machismo en México sea erradicado de nuestra cultura si se encuentra embebido en la política pública que vemos funcionando en las calles todos los días.
La política pública es también una herramienta valiosa para la transformación cultural de la población, asegurémonos de que el gobierno la usa para erradicar el machismo, y no para enraizarlo más en nuestras comunidades.
Josué Lavandeira – josue_lavandeira@alumni.harvard.edu